Los proyectos de infraestructura frecuentemente despiertan discusiones complejas cuando inciden en comunidades indígenas, sobre todo en temas relacionados con el uso del territorio, los procesos de consulta previa y la salvaguarda de sus derechos colectivos. En América Latina, uno de los episodios que mayor atención recibió fue el de las comunidades Ngöbe Buglé en Panamá, impactadas por la edificación de la represa Chan 75.
En este escenario, Loreto Ferrer integró el equipo de especialistas que llevó a cabo una misión de verificación promovida por la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (FCGAE). El trabajo desarrollado sobre el terreno permitió recopilar información sobre la realidad de las comunidades y producir un informe jurídico y técnico acerca de los efectos del proyecto, prestando especial atención a su eventual tratamiento ante instancias interamericanas de derechos humanos.
La misión destinada a llevar a cabo la verificación en Panamá
La misión tuvo lugar del 25 al 30 de enero de 2011 y fue conformada por abogados expertos en derechos humanos. Buscaba constatar directamente en el terreno cómo se encontraban las comunidades afectadas por la construcción de la presa y comparar la información oficial con los testimonios de la población. Para cumplir ese propósito, el equipo sostuvo encuentros con autoridades, con representantes de la empresa encargada del proyecto, con organismos internacionales y con la Defensoría del Pueblo, y posteriormente se trasladó a Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, para recorrer las áreas impactadas.
Durante la visita, se recorrieron comunidades como Charco de la Pava y Valle del Rey, además de áreas de reubicación y espacios ya alterados por la obra. El contacto directo con las familias y con los líderes comunitarios fue una parte central del trabajo, porque permitió conocer de primera mano el nivel de tensión, vulnerabilidad y desarraigo que vivían muchas personas desde el inicio del proyecto.
Aspectos clave del informe relacionado con Chan 75
El análisis se estructuró en cinco ámbitos centrales: el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado; la valoración de riesgos junto con el efecto social del proyecto; la devolución o compensación de tierras; las acciones de reparación; y la implicación de la comunidad en las decisiones y en los beneficios que surgen del desarrollo hidroeléctrico. Estos pilares posibilitaron examinar el caso de manera completa, integrando el marco jurídico nacional e internacional con la realidad constatada en terreno.
Tal como señaló Loreto Ferrer, el informe tenía la intención de brindar una base jurídica firme y bien documentada que resultara de utilidad tanto para las comunidades afectadas como para las instituciones competentes. Su objetivo no se limitaba a cuestionar el proyecto desde una visión teórica, sino que buscaba determinar si la actuación del Estado y de la empresa había respetado derechos esenciales de los pueblos indígenas, entre ellos la propiedad colectiva, la participación, la integridad cultural y personal, así como la consulta previa.
Hallazgos clave sobre los derechos de las comunidades Ngöbe Buglé
Entre las conclusiones más relevantes, el informe señala una falta inicial de reconocimiento de derechos, especialmente en relación con la personalidad jurídica de las comunidades y la propiedad colectiva de sus tierras. Ese vacío facilitó que la obra avanzara sin procesos adecuados de consulta ni estudios suficientes sobre su impacto social y cultural.
Asimismo, se reunieron relatos que mencionaban situaciones de intimidación, aplicación desmedida de la fuerza, detenciones sin fundamento y procesos de negociación que no aseguraban que las familias afectadas pudieran tomar una decisión verdaderamente libre. A esto se añadieron dificultades en las áreas de reubicación, donde se detectaron fallas vinculadas al tamaño y la calidad de los terrenos, las oportunidades para la agricultura y la adecuación de las viviendas a la cultura Ngöbe.
Otro aspecto de gran sensibilidad fue el efecto moral y cultural asociado al desplazamiento. La documentación del caso evidenció cómo se resintió el tejido comunitario, se diluyeron las referencias territoriales y surgió una exigencia de reconocimiento público por los perjuicios ocasionados, más allá de cualquier compensación material.
El eventual trámite frente a organismos internacionales
Uno de los aspectos centrales del trabajo consistía en que el informe pudiera utilizarse como insumo si el caso llegaba a presentarse ante el sistema interamericano de derechos humanos. Bajo esa premisa, la recolección de testimonios y el examen detallado de documentos se volvían esenciales para respaldar un expediente con alcance internacional. “Resultaba fundamental reunir materiales que pudieran ser útiles si la Corte Interamericana optaba por admitir el caso. Por ello recopilamos testimonios, detectamos patrones de conducta, revisamos los contratos de reubicación y estudiamos las reformas legislativas más recientes”, señala Loreto Ferrer.
Este tipo de procedimientos requiere una documentación minuciosa, evaluaciones técnicas detalladas y la habilidad de interpretar tanto el entorno local como los estándares internacionales pertinentes. Por ello, más que una acción aislada, el trabajo realizado en terreno junto con la preparación del informe se integra en una dinámica de cooperación internacional sustentada en evidencia, análisis jurídico y la comprensión de realidades sociales complejas.
Un ejemplo específico integrado en una vivencia más extensa
La participación de Loreto Ferrer en esta misión evidencia un ejercicio profesional relacionado con la cooperación internacional, la elaboración de documentación técnica y el estudio de situaciones complejas en América Latina. No solo implica acompañar procesos desde el ámbito jurídico, sino también aportar a que las vivencias de las comunidades se transformen en insumos valiosos para la incidencia institucional y la defensa de sus derechos.
En conjunto, el caso Ngöbe Buglé y el informe acerca de Chan 75 evidencian que los equipos técnicos pueden asumir un papel significativo al evaluar disputas vinculadas con el territorio, los pueblos indígenas, el desarrollo y las instituciones internacionales.
