Los humedales urbanos constituyen ecosistemas esenciales para las ciudades chilenas, ya que regulan el ciclo del agua, atenúan crecidas, favorecen la recarga de acuíferos, capturan carbono y resguardan una biodiversidad significativa que incluye aves migratorias. También aportan beneficios sociales como áreas para la recreación, la educación ambiental y la mejora del bienestar urbano. Su presencia dentro o en los límites urbanos los deja especialmente vulnerables frente a la expansión inmobiliaria, los rellenos, el drenaje y la pérdida de continuidad del hábitat.
Regulación jurídica destinada a salvaguardar los humedales urbanos
La protección se sustenta en diversos mecanismos jurídicos y administrativos, entre los que sobresalen:
- Ley 21.202 de Humedales Urbanos: promulgada en 2020, permite que el Ministerio del Medio Ambiente declare oficialmente humedales urbanos a solicitud de los municipios o de oficio. Esta declaratoria obliga a considerar su protección en los instrumentos de planificación territorial.
- Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental: proyectos inmobiliarios que puedan afectar humedales deben someterse a evaluación ambiental, presentando estudios o declaraciones que analicen impactos y medidas de mitigación.
- Planes Reguladores Comunales: una vez declarado un humedal urbano, los municipios deben incorporarlo en su planificación, estableciendo zonas de protección, restricciones de uso de suelo y normas de edificación.
- Fiscalización ambiental: la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales pueden sancionar intervenciones ilegales, ordenar restauraciones y detener obras.
Papel de los municipios y las administraciones locales
Los municipios son actores centrales. Tienen la facultad de solicitar la declaratoria de humedales urbanos, dictar ordenanzas municipales específicas y liderar procesos de conservación. En ciudades como Valdivia, la protección del Humedal Angachilla se fortaleció mediante ordenanzas locales y programas de educación comunitaria. En Concepción, el Humedal Paicaví fue incorporado en el debate urbano para frenar rellenos asociados a proyectos habitacionales.
Ejemplos destacados que ilustran el impacto de la presión inmobiliaria
Existen experiencias que muestran avances y tensiones:
- Humedal Batuco (Región Metropolitana): ubicado entre Lampa y Colina, ha enfrentado múltiples proyectos inmobiliarios. La presión ciudadana y los procesos administrativos han permitido establecer mayores exigencias ambientales y protección de áreas sensibles.
- Humedal El Culebrón (Coquimbo): amenazado por urbanización y basurales, fue reconocido como humedal urbano, lo que obligó a redefinir proyectos y fortalecer su resguardo.
- Humedales de Valdivia: la ciudad ha integrado estos ecosistemas a su identidad urbana, limitando edificaciones y promoviendo corredores ecológicos.
Participación ciudadana y organizaciones sociales
La protección no depende solo del Estado. Organizaciones vecinales, científicas y ambientales han sido decisivas para denunciar rellenos ilegales, aportar información técnica y promover acciones judiciales. La participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental permite observar proyectos y exigir medidas más estrictas. En varios casos, la movilización local ha logrado detener obras o modificar diseños inmobiliarios.
Desafíos persistentes y mejoras necesarias
A pesar de los avances, persisten dificultades: tiempos prolongados para las declaratorias, interpretaciones restrictivas del concepto de humedal, y presiones económicas para recalificar suelos. También existe una brecha en la fiscalización y en la capacidad técnica de algunos municipios. Se discuten mejoras como criterios más claros, financiamiento para restauración ecológica y mecanismos de compensación ambiental que no impliquen pérdida neta de estos ecosistemas.
Rumbo a una armonía entre la urbe y el entorno natural
La protección de los humedales urbanos en Chile se forja donde convergen la legislación, la planificación territorial y la participación de la ciudadanía. Cada declaración oficial y cada ordenanza municipal constituyen un avance para asumir que la expansión de las ciudades no puede sostenerse a costa de ecosistemas esenciales. Incorporar los humedales como infraestructura verde, con relevancia ecológica y social, abre la puerta a urbes más resilientes, en las que el desarrollo inmobiliario se ajusta a límites destinados a preservar el patrimonio natural común.
